Índice General

• 1 Introducción
• 2 São Paulo y su dicotomía
  • 2.1 Escenario de exclusiones
  • 2.2 Escenario de iniciativas
• 3 La producción y gestión social del hábitat como soporte para el desarrollo a escala humana y derecho a la ciudad
• 4 La producción y gestión social de una ciudad sin hambre
  • 4.1 Los huertos comunitarios ecológicos
  • 4.2 Un nuevo modelo de ocupación para suelos urbanos marginalizados
  • 4.3 La participación necesaria para la sostenibilidad del proyecto: técnicos, políticos y ciudadanos
  • 4.4 La necesidad de acercar la producción al consumo por medio de la agroecología
• 5 Conclusiones
• 6 Bibliografía

1 Introducción

Esta investigación tiene como objetivo dar a conocer un proceso de producción y gestión social del hábitat en la ciudad de São Paulo, Brasil. Se trata de una iniciativa impulsada por la ONG Cidades sem Fome (Ciudades sin Hambre, en castellano) enmarcada dentro del conocido programa federal Fome Zero (Hambre Cero, en castellano) que, ante un escenario de exclusiones sociales y territoriales, lucha, a través de huertos ecológicos urbanos y de la ocupación de suelos ociosos, por el desarrollo a escala humana y por el derecho a la ciudad de los habitantes de zonas degradadas y marginalizadas de una de las metrópolis más grandes del planeta.

Por agricultura urbana podemos entender el cultivo, el procesamiento y la distribución de alimentos tanto en el centro como en la periferia urbana, dirigidos al mercado urbano (PNUD, 1996; Mougeot, 2006). La agricultura urbana muchas veces se entiende como una actividad recreativa o con una función meramente estética; una salida para embellecer las ciudades. En realidad, es una actividad económica importante, fundamental para decenas de millones de personas en todo el mundo, con implicaciones en la seguridad económica y nutricional de los residentes urbanos y con alcances sociales, económicos y ecológicos. Aunque no sea la única respuesta a la inseguridad alimentaria, en muchos casos se presenta como un elemento esencial para el desarrollo de alternativas a escala humana. El proyecto Cidades sem Fome es apenas una de las muchas iniciativas con las que podemos verificar cómo los huertos urbanos son más que un medio de producción de alimentos, pues contribuyen al desarrollo económico y social de las comunidades donde se insertan. Además, desde el punto de vista ambiental, y en un mundo donde los recursos materiales escasean y la contaminación alcanza niveles máximos, la agricultura urbana contribuye a equilibrar el metabolismo de la ciudad cerrando ciclos energéticos importantes.

Desde el enfoque social, el proyecto de la ONG busca estimular la participación de diversos sectores de la sociedad, incluyendo ciudadanos, técnicos, políticos y empresas privadas, en un proyecto conjunto que pretende romper con ciclos asistencialistas a la vez que atiende a diversas necesidades básicas de la población beneficiada. Pese a enfrentarse a ciertas dificultades, como el bajo nivel de capital social, presenta casos exitosos donde los hortelanos y hortelanas han logrado organizarse y establecer vínculos que contribuyen a la sostenibilidad del proyecto.

La primera parte del artículo resume brevemente el contexto en el que se insertan los huertos: la dicotomía de la ciudad de São Paulo, con un panorama de exclusiones pero también de iniciativas que pretenden disminuir las desigualdades. El marco teórico en que se centra esta investigación —el concepto de producción y gestión social del hábitat y su relación con el desarrollo a escala humana y el derecho a la ciudad— están desarrollados en el siguiente apartado y sirven de apoyo para el análisis del caso. Las informaciones aquí presentadas son fruto de entrevistas, revisión de documentación y observación directa (visita a los huertos), que han dado lugar a reflexiones y conclusiones sobre la capacidad que tienen proyectos de este tipo para generar procesos alternativos de producción y gestión de grupos sociales y de lo urbano. La propuesta de reducir el hambre y el paro se une a la capacidad de movilización comunitaria y a la posibilidad de dar una función social a suelos de zonas urbanas degradadas y de contribuir al cierre de algunos ciclos energéticos en las ciudades. Es decir, se conforma un conjunto de acciones que permiten que la ciudad tenga un valor de uso que sobrepase a su valor de cambio, a la vez que otorgan una mayor autonomía y desarrollo social y económico a la población al atender sus verdaderas necesidades.

2 São Paulo y su dicotomía

2.1 Escenario de exclusiones

Con una población de alrededor de 20 millones de habitantes, la ciudad de São Paulo y su área metropolitana comprenden una de las mayores conurbaciones del mundo, con intensos flujos económicos, sociales y políticos, circulaciones de bienes, servicios y capitales, y grandes desplazamientos de población. Puede ser considerada la metrópolis latinoamericana por excelencia, un espacio de diálogo y a la vez de conflicto, lugar de encuentros y desencuentros, de igualdades y desigualdades, de unión y de segregación, de humanidad pero también de barbaries. Todos estos contrastes, además de expresar y fomentar las enormes diferencias económicas y sociales existentes en su población y de establecer fuertes relaciones de poder, son condicionantes de la forma urbana y del metabolismo de la ciudad, que se autoconstruye en un proceso permanente, la mayoría de las veces alejado de políticas públicas y favoreciendo los desarrollos inmobiliarios privados. Siendo así, la ciudad de São Paulo es considerada por muchos como una ciudad global, con capacidad para combinar recursos y talentos necesarios para gestionar y servir las operaciones globales de empresas y mercados, panorama que genera oportunidades para algunos e imposibilidades para muchos, ya que no logra poner en práctica políticas públicas que defiendan los derechos de todos los ciudadanos por igual.

En la actual coyuntura económica y política mundial, las políticas públicas aplicadas en ciudades como São Paulo consideran el crecimiento económico y la modernización los motores necesarios para el desarrollo social y cultural, no valorando que el verdadero desarrollo está directamente relacionado con el ser humano, lo que supone, entre otras cosas, una mejora cualitativa de los servicios y de la calidad de vida, la mutación de la organización social y la satisfacción de las necesidades humanas. Las políticas públicas y los modelos metropolitanos ideados por el gobierno brasileño y los organismos multilaterales no contribuyen a que la ciudad se acerque a sus funciones originarias (entendida como satisfactor de las necesidades humanas) y acaban por proclamar espacios de producción y consumo, eliminando o limitando la planificación urbana a un instrumento de control colectivo que destruye cada vez más las escalas intermedias y locales, abusa del uso de los recursos naturales, contribuye a la degradación del medioambiente y, sobre todo, desconecta la democracia de la ciudad, no garantizando a la población sus derechos como ciudadanos ni su derecho a la ciudad.

Los programas de planificación urbana normalmente tienen como objetivo paliar las crisis habitacionales. Sin embargo, cuando existen proyectos de recalificación urbana, estos no se vinculan a políticas de desarrollo social y económico de la población involucrada, sino que se limitan a la provisión de viviendas mínimas que atienden a los intereses del sistema de producción del mercado más que a los derechos y necesidades de los beneficiarios. Todas estas políticas parciales contribuyen a un escenario de exclusiones (sociales, políticas, económicas, pero también territoriales) y de destrucciones (ambientales, sociales, culturales).

Esto conlleva, entre tantas otras cosas, el crecimiento desordenado de la urbe —la diseminación de ocupaciones informales del suelo y el crecimiento de redes de chabolas (o favelas, como son conocidas en Brasil) normalmente en zonas periféricas, carentes de infraestructuras o equipamientos urbanos— y, por tanto, la disminución de áreas circundantes para la agricultura y como reserva de espacios naturales. Según datos del  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), São Paulo presentaba en el año 2000 un déficit de viviendas de aproximadamente 800.000 unidades. Esto supone más o menos 3 millones de ciudadanos sin acceso a una vivienda formal o viviendo en infraviviendas. Sin embargo, estas estadísticas subestiman la realidad debido a su sistema de recogida de datos (Taschner, 2001), que sólo considera como infravivienda a un determinado aglomerado urbano cuando existen 50 o más infraviviendas contiguas. En el año 2010 se contabilizaron 1.020 aglomeraciones informales en toda la ciudad de São Paulo. Si se compara con años anteriores, la cantidad de este tipo de aglomeración urbana ha disminuido en los últimos años, mientras que el número de favelados (como son conocidos los habitantes de las favelas) ha aumentado. Esto significa que ante el incumplimiento del derecho a la vivienda y la escasez de suelo libre —ya que la mayoría del suelo está controlado por la especulación inmobiliaria— las favelas existentes se constriñen y verticalizan (Albuquerque, 2006).

Según Rolnik (1999), el concepto de exclusión territorial se relaciona con la acumulación de deficiencias de varios tipos y con la vulnerabilidad que progresivamente vienen generando las políticas públicas, es decir, debe entenderse como la negación (o la falta de respeto) tanto de los derechos que garantizan al ciudadano un nivel mínimo de vida como de la participación en redes de instituciones sociales y profesionales que canalicen intereses comunes. La exclusión territorial se une entonces a la social, impidiendo que un individuo o grupo de individuos logre tener acceso a las posibilidades ofrecidas al conjunto de la sociedad o economía, y no encontrando tampoco espacio para la autodependencia o acceso a recursos no convencionales —como iniciativas comunitarias, solidarias y equitativas que fortalezcan a los actores locales, donde la población es agente principal de su propio proceso de desarrollo— que permitan el desarrollo a escala humana. Por lo tanto, la noción de exclusión alcanza no sólo a los que no tienen acceso a bienes y servicios materiales o a los que no tienen sus necesidades básicas garantizadas, sino también a aquellos que no son capaces de organizarse colectivamente, de participar de una ciudadanía activa y de la política o de desarrollar un capital social.

2.2 Escenario de iniciativas

Pese a este panorama, São Paulo no deja de ser un espacio de variedad, diversidad y pluralidad, un lugar de contradicción entre su verdadero potencial y el límite que permite avanzar hacia el desarrollo a escala humana y la satisfacción de las necesidades de sus habitantes y el cumplimiento de sus derechos. Este hecho lo confirma la existencia de algunas iniciativas ciudadanas que desafían al proceso de desarrollo simplemente económico a favor de este otro desarrollo a escala humana, de la consumación de una serie de derechos —ya sean civiles, políticos, sociales, económicos o, en el caso que enfatiza este artículo, derechos de tercera generación como los urbanos— y del control de la gente sobre sus propias vidas y entornos, buscando no sólo poder cambiar su estado de exclusión y mejorar su condición de vida, sino también la posibilidad de cambiar las condiciones estructurales causantes de los problemas urbanos por ellos sufridos y transformar las ciudades según sus necesidades.

Siendo así, muchas actuaciones en zonas degradadas, aunque tengan, como veremos más adelante, respaldo político para constituirse, no son iniciativas que nacen en los despachos gubernamentales. Son más bien las organizaciones no gubernamentales las que desarrollan diversos proyectos de desarrollo local y de combate a la pobreza y la exclusión en América Latina, representando un acuerdo entre instituciones que enriquece a la sociedad civil y abre espacios para la participación social (Altieri, 1999). Algunas de estas organizaciones actúan desde hace muchos años en zonas rurales buscando nuevos tipos de estrategias y de manejo de los recursos para incrementar la productividad y mejorar las condiciones de vida de los pobres rurales. Más recientemente en Brasil, con la creación por parte del gobierno del programa Fome Zero, la atención se volcó en la potencialidad de la agricultura urbana y en la definición de un nuevo proceso productivo con enfoques agroecológicos que, además de abarcar las cuestiones sociales y económicas de las poblaciones vulnerables involucradas, logran actuar sobre las cuestiones ambientales y físicas de los territorios urbanos donde se insertan.

La ONG Cidades sem Fome se puede considerar como un modelo de movilización social que busca resistir a las políticas públicas asistencialistas comúnmente practicadas por una mayoría de las administraciones, un ejemplo de embrión organizativo que intenta transformarse en base estable para otras estrategias de desarrollo a una escala más humana al dinamizar —e incluso pluralizar— toda una gama de derechos, incluyendo los ciudadanos y el derecho a la ciudad. Con sede en la zona este de São Paulo, tiene como objetivo introducir una alternativa de desarrollo sostenible en zonas caracterizadas por su exclusión y degradación —bajo los diversos enfoques citados anteriormente— por medio de la implantación de huertos ecológicos en terrenos urbanos baldíos (Figura 1), que buscan atenuar la situación de pobreza y vulnerabilidad de los ciudadanos actuando positivamente sobre cuestiones sociales, ambientales y económicas.

Figura 1: Vista general de uno de los huertos urbanos de São Paulo.

3 La producción y gestión social del hábitat como soporte para el desarrollo a escala humana y derecho a la ciudad

El ser humano es un ser de derechos y todas sus posibilidades de desarrollo a escala humana generan ciertas necesidades que, a su vez, se traducen en estos derechos. Tanto los derechos humanos como el desarrollo —entendido más allá del desarrollo económico, o sea, significando equidad entre todos los habitantes del planeta, cambios de mentalidad y paradigmas, reorientación de la tecnología hacia objetivos de eficiencia, pero principalmente la búsqueda de una mejora cualitativa de los servicios y de la calidad de vida de acuerdo con los límites de los sistemas ecológicos— tienen como propósito permitir la capacidad de actuar y de promover el bienestar y la libertad sobre la base de la dignidad y la igualdad inalienables de todas las personas. Más allá de los deseados desarrollos económicos, los gobiernos deben plantearse un tipo de desarrollo que ubique a las personas en su debido lugar, en el centro de cualquier planteamiento político.

Según el Artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar», incluyendo entre otras cosas, una vivienda y un hábitat. Pero si ampliamos el concepto de hábitat y le añadimos complejidad, podemos considerar vivienda o arquitectura bajo una concepción más amplía, lo que según William Morris abraza a todo el ambiente de la vida humana, representando cualquier modificación o alteración en la superficie terrestre realizada por el hombre para satisfacer sus necesidades (de Manuel, 2010). Siendo así, el derecho al hábitat significa, más allá del derecho a una unidad habitacional, el derecho a la ciudad en su totalidad como sugiere Lefebvre (1969) —además del derecho a la libertad, trabajo, salud y educación—, considerando a ésta como el lugar donde las necesidades y deseos reales de los ciudadanos son contemplados en un determinado contexto democrático que favorece el desarrollo colectivo e individual, la cohesión social y la identidad cultural en el tiempo presente. O sea, percibir la ciudad como un bien colectivo, un espacio de expresión social verdaderamente participativa y de discusión de intereses públicos cotidianos, un lugar de luchas por el valor de uso de la ciudad y por el poder de decisión coherente sobre ella.

Tanto el derecho a la ciudad como los Derechos Humanos «aunque se hayan formulado para ser disfrutados de forma individual (...) es preciso luchar por ellos y conquistarlos de forma colectiva, y sólo pueden otorgarse de forma colectiva» (Bauman, 2003: 91). Para que realmente se pueda conquistar el derecho a la ciudad y el consecuente desarrollo a escala humana, las reivindicaciones deben ser colectivas, ya que los logros también serán compartidos.

El derecho a la ciudad puede estar relacionado con la función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad, o sea, debe priorizar el interés público. La producción democrática de la ciudad en la ciudad significa rescatar y fortalecer la capacidad productiva y las actividades económicas solidarias; el manejo sostenible y el uso socialmente responsable de los recursos naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno, permitiendo un acceso igualitario por parte de la población; así como el disfrute democrático y equitativo de la ciudad, la convivencia y la libertad de relaciones sociales y culturales en espacios públicos (Ortiz, 2010:55). Es decir, una ciudad para no generar exclusiones debe tener un modelo político que garantice la participación y acepte y proteja la diversidad cultural, avanzando hacia una cultura cívica de la ciudadanía a través de la educación, del cambio hacia valores éticos basados en principios que busquen el bien común y de la difusión de los conocimientos, pero también es necesario un soporte de estructuras organizadas para el desarrollo de esta participación y el reconocimiento del derecho de los ciudadanos (Borja; Maxi, 2003).

Ante la ineficiencia e incapacidad de la mayoría de los gobiernos de América Latina para realizar políticas sociales eficientes y para garantizar el derecho a la ciudad o a un desarrollo a escala humana —incluyendo a Brasil que, aunque sea considerado emergente y en los últimos años haya logrado meterse entre los diez países con mayores tasas de Producto Interno Bruto (PIB), ocupa la posición 84 en la clasificación de países según su Índice de Desarrollo Humano (IDH)—, es la propia sociedad la que de forma creativa busca encontrar mecanismos para suprimir las demandas sociales y atender los derechos de los ciudadanos. Hay un creciente desarrollo de nuevas formas de movilización cultural y formas alternativas de construcción de identidades y fomento de la participación en contextos de precariedad, exclusión, carencias, privaciones y desigualdades.

Para que haya participación en las cuestiones urbanas es necesario promoverla y facilitarla a través de un contexto favorable, en el que exista acceso a la información y estructuras y mecanismos que posibiliten y faciliten esta participación. Hace falta crear espacios para la controversia, donde se pueda dialogar y reflexionar sobre todas las problemáticas sociales y se puedan promover la integración, la participación y el aprendizaje mutuo. La adquisición (o recuperación) de las capacidades de gestión y de espacios de poder de decisión es fundamental para la superación de la situación de exclusión, para el uso de los derechos y obligaciones en el tejido social y para emancipar a grupos sociales en situación de dependencia.

Para responder a esta otra forma de producción del espacio, a través de una visión sistémica y de procesos diversos y dinámicos, surge el concepto de Producción y Gestión Social del Hábitat (PGSH), que son todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro. Promueve las capacidades de autogestión y de decisión de los participantes y da prioridad al valor de uso por encima del valor mercantil de las construcciones y espacios que genera (Ortiz, 2010:56).

La PGSH contribuye a fortalecer las prácticas comunitarias, la responsabilidad hacia lo colectivo, el ejercicio de la democracia y la solidaridad activa. El trabajo comunitario fomenta el desarrollo de acciones más solidarias, incluyendo también temas productivos y económicos.

Según Pelli (2010), la producción social del hábitat puede ser entendida como la generación de nuevas situaciones, físicas o relacionales, mediante la construcción, transformación o eliminación de objetos físicos (edificios, piezas de infraestructura, conjuntos edilicios, ciudades, fracciones territoriales, redes) y/o de objetos relacionales (sistemas de servicios, leyes, códigos y normas de ordenamiento y categorización) con la consigna de asegurar, en las nuevas situaciones a producir, el cumplimiento de sus funciones sociales.

El hábitat social determina los modos, los recaudos y los límites para el cumplimiento de sus funciones sociales y condiciona todas las estrategias y procesos de producción. El hábitat social es un sistema de situaciones, físicas, sociales, simbólicas, jurídicas, políticas, económicas, ambientales, interrelacionadas, interactuantes y co-actuantes. Es también una señal o una marca en el tiempo, testigo y memoria de una sociedad que le ocupa y de un tiempo pasado. No es un contexto universal, sino una estructura coherente con los paradigmas culturales de una determinada sociedad o grupo social y funciona según sus necesidades, representando culturas y ambientes diversos, o incluso el estado de una cultura (grupo) en un determinado tiempo(Pelli, 2010).

En procesos de PGSH se busca trabajar con satisfactores sinérgicos (Buthet, 2005; Max-Neff et al., 1998) que permitan a la vez el logro de múltiples derechos y necesidades (individuales y comunitarias) a través de la satisfacción de la necesidad de habitar y contribuyendo al desarrollo social de la comunidad, facilitando también el cumplimiento de los Derechos Humanos y el derecho a la ciudad de aquellas comunidades que están involucradas en cinturones de pobreza, exclusión y marginación, y que necesitan de apoyo para desarrollarse.

La PGSH articula organismos gubernamentales, no gubernamentales, instituciones y población, formando una red que debe buscar la inserción en la formalidad y dilución de barreras vinculadas al derecho a la ciudad (con provisión de espacios públicos, redes de infraestructura y servicios de educación y salud adecuados a las necesidades), así como el empoderamiento de la organización comunitaria, el aumento de la renta familiar, la inclusión social, cultural y política, buscando la preservación del medio ambiente.

4 La producción y gestión social de una ciudad sin hambre

4.1 Los huertos comunitarios ecológicos

El proyecto de los huertos urbanos ecológicos en zonas degradadas y excluidas de São Paulo (Figura 2 y Figura 3), llevado a cabo por la ONG Cidades sem Fome, es un ejemplo de producción y gestión social del hábitat que pretende lograr un desarrollo a escala humana trabajando sobre cuestiones ambientales, sociales y económicas en contacto directo con los beneficiarios. Su objetivo principal es, sobre todo, ofrecer posibles alternativas para el desarrollo local de comunidades empobrecidas y minimizar los riesgos y las condiciones de vulnerabilidad a los que están sometidas. Sin embargo, las ventajas sobrepasan la cuestión principal, que es garantizar los derechos y necesidades humanas relacionados con la alimentación básica y el empleo, pues acaban por incluir una serie de derechos vinculados a la ciudad al dar una función social a solares desocupados y abandonados.

Figura 2: Vista del huerto y de la favela en São Paulo.

En Brasil hay un programa de combate al hambre conocido mundialmente, el Fome Zero, que es una estrategia creada por el Gobierno Federal para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, la inclusión social y la conquista de la ciudadanía, destinado principalmente a personas con dificultades de acceso a alimentos. A partir de este programa a nivel nacional, han surgido muchos otros a otros niveles administrativos y en la propia ciudad de São Paulo.

La actividad de los huertos se apoya en una ley municipal de 2004[3], que crea el Programa de Agricultura Urbana y Periurbana del Municipio de São Paulo (PROAURP). Este programa establece que las subprefeituras[4] pueden destinar áreas públicas apropiadas a la implantación de agricultura urbana, entendida como toda actividad destinada al cultivo de hortalizas, legumbres, plantas medicinales, árboles frutales y flores, así como a la cría de animales de pequeño porte, a la piscicultura y a la producción artesana de alimentos y bebidas para el consumo humano. El PROAURP también se propone incentivar las ferias de productos provenientes de la agricultura urbana, creando puntos de venta, ferias, casas del productor y equipamientos destinados a la venta directa al consumidor, buscando abaratar los precios y aproximar la organización de productores a los consumidores. Según lo establecido por la ley, se deben estimular las iniciativas locales, las cooperativas y las asociaciones comunitarias, favoreciendo la autogestión y los pequeños emprendimientos empresariales que, por medio de incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, puedan insertarse en los mercados.

Sin embargo, pese la existencia del PROAURP, no es el gobierno quien pone en marcha los proyectos, sino las ONG. Ante esta realidad, y apoyándose en este contexto normativo, la organización Cidades sem Fome ha logrado desarrollar 21 huertos ecológicos comunitarios desde el año 2003, beneficiando actualmente a 665 personas (213 hombres y 452 mujeres) directamente, sin contar a sus familias. El acercamiento al desarrollo a escala humana y al derecho a la ciudad del proyecto se puede ver reflejado en sus distintas actuaciones:

• Fomento del ejercicio de la ciudadanía, de la autoorganización y del cooperativismo a través de la creación de espacios de gestión colectivos con intereses comunes.
• Oportunidad de trabajo y capacitación profesional para la mano de obra ociosa de las propias comunidades (principalmente de mujeres y mayores).
• Rescate de capacidades: tanto las productivas de los distintos suelos ociosos, como las de la gente para producir cosas con sus propios recursos.
• Acceso a alimentos cultivados en base a criterios ecológicos, contribuyendo a la seguridad alimentaria.
• Promoción de una economía solidaria y de canales cortos para la comercialización de los productos.
• Difusión de principios y valores ecológicos y prácticas de educación ambiental.
• Manejo adecuado de los recursos naturales y energéticos de la ciudad, contribuyendo al cierre de algunos ciclos.

Aparte del proyecto de huertos, la organización también es responsable de llevar a cabo distintos proyectos y actividades complementarios en las comunidades, tales como:

• proyectos de combate a la desnutrición infantil, por medio de talleres de reaprovechamiento alimentario e implantación de huertos escolares;
• programas de disminución de enfermedades a través de alimentación específica;
• programas de apoyo a la lactancia materna;
• charlas sobre los hábitos alimentarios, los principios de una alimentación equilibrada, la higiene de los alimentos, la importancia del aprovechamiento y reaprovechamiento de los alimentos y la planificación familiar.

Figura 3: Vista del huerto y de la favela, São Paulo.

4.2 Un nuevo modelo de ocupación para suelos urbanos marginalizados

La metodología de trabajo llevada a cabo por la ONG Cidades sem Fome, compuesta por técnicos de diversas áreas, desde agrícolas a trabajadores sociales, empieza por elaborar informes técnicos para determinar qué comunidad puede ser beneficiada por el proyecto. Debido a la gran cantidad de favelas existentes en São Paulo, uno de los criterios principales para elegir posibles beneficiarios está relacionado directamente con la movilidad, traducida en la cercanía a la oficina de la ONG.

La organización está ubicada en la zona este de la capital, en una región metropolitana caracterizada por ser un polo de pobreza, marginación y violencia dentro del contexto municipal. La gran concentración poblacional, las redes de infraestructuras urbanas (viaria y de saneamiento) y los equipamientos urbanos (como escuelas, centros de salud y zonas verdes) precarios y la baja renta per cápita, hacen de la región una de las más problemáticas de São Paulo. En ella reside cerca del 33% de la población total de la capital, presentando una media de 0,478 de IDH, casi la mitad de la del municipio, con un alto índice de mortalidad infantil y de tasas de criminalidad e inexistencia de programas de inserción laboral eficaces[5]. La población se compone en su mayoría de personas provenientes de otras partes de Brasil que migraron a una de las mayores ciudades del mundo buscando nuevas oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida.

En un contexto de excesiva exclusión y marginalidad hay un componente fundamental para la elección de los beneficiarios, que es la disponibilidad en su entorno de suelo libre en zonas con altas tasas de ocupación. El fenómeno de la verticalización de las favelas, del cual hablamos anteriormente, reafirma este hecho: hay una escasez de espacios vacíos, tanto para nuevas autoconstrucciones como para la creación de equipamientos urbanos o áreas verdes. Sin embargo, en algunos puntos de las zonas periféricas todavía sobran solares privados o incluso públicos (Figura 4), muchos de ellos pertenecientes al propio Ayuntamiento, ociosos o sin ninguna utilización específica. Son parcelas que ya no interesan a los promotores inmobiliarios o dejadas por la administración para la construcción de un futuro equipamiento que nunca llegó a concretarse. En otros casos son suelos impropios para la construcción de viviendas por motivos de seguridad, por ejemplo por estar situados junto a tuberías de industrias petroquímicas (Figura 5). Cualquiera de estas situaciones representa un gran problema para el Ayuntamiento, pues estas tierras, al no tener ningún uso específico, son bastante vulnerables y pueden ser invadidas por nuevas ocupaciones irregulares o, como ocurre a menudo, se transforman en vertederos clandestinos.

El proyecto de los huertos urbanos plantea una ocupación alternativa para estos solares desocupados y sin ninguna función social mediante un acuerdo con la administración pública o con propietarios privados, de manera que se hace un contrato de usufructo (renovable según cada caso) por el que se ceden las parcelas a la ONG, permitiendo que se destinen solamente a la producción de alimentos y evitando que sean invadidas por construcciones ilegales. De cierta forma, a través de este tipo de actuación todos acaban satisfechos, pues el alto patrón de ocupación (masificada por las edificaciones, en su mayoría irregulares) cambia y además se genera una mejoría desde el punto de vista ambiental y del metabolismo de las ciudades (Riechmann, 2006).

Figura 4: Suelo de propiedad municipal. Huerto en un terreno destinado a una escuela de enseñanza primaria

Figura 5: Suelo de propiedad de Petrobras Transporte S.A.[6], donado para usufructo para el plantío de huertos urbanos en zona de favelas.

Fuente: elaboración propia

4.3 La participación necesaria para la sostenibilidad del proyecto: técnicos, políticos y ciudadanos

Tras la identificación de una posible ubicación y de la negociación con entidades públicas o privadas que permite el acceso a la tierra, empieza el proceso de contacto con la comunidad del entorno elegida, de identificación de posibles actores —personas que ya actúan en el barrio, movimientos sociales, organizaciones, población interesada en participar, etc.—, levantamiento socioeconómico de las familias, trabajo de recuperación del suelo, etc. Los técnicos de la ONG ayudan a constituir una comisión compuesta por diversos representantes de la comunidad cuyas funciones son seleccionar a las familias que quieren participar en las actividades agrícolas, realizar el diagnóstico y acompañar en la planificación participativa para la concrección del plan de trabajo que posteriormente será desarrollado por los hortelanos, incluyendo charlas y talleres informativos y de preparación para la labor agraria, así como explicaciones sobre qué hacer con los excedentes y cómo comercializar los productos.

Los hortelanos reciben el apoyo de la comisión, que a su vez es acompañada por los técnicos. Sin embargo, el objetivo es llegar a una gestión participativa en todas las etapas del proceso por medio de una sensibilización de los participantes en reuniones mensuales, incentivándoles a fortalecer sus capacidades en la toma de decisiones, a contribuir para la solución de los problemas y a llegar a consensos, haciéndoles reconocerse como sujetos activos del proceso en el cual están involucrados y ampliando los espacios de diálogo que fortalecen una ciudadanía activa. El contacto directo con los hortelanos permite a los técnicos de la ONG evaluar los resultados obtenidos y reorientar los procesos y métodos utilizados.

A través de estrategias para fomentar la participación se pretende que a medio y largo plazo el proyecto pueda ser sostenible, es decir, se estimula que los productores se constituyan como cooperativa o como organización de pequeños agricultores familiares urbanos, y que sean capaces de autogestionarse y caminar sin el apoyo de los técnicos de la ONG. Según la normativa, los hortelanos que logren organizarse como grupo o cooperativa pueden llegar a ser encuadrados como agricultores familiares y obtener una declaración de aptitud del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), hecho que les habilita a participar en varios programas del Gobierno federal en áreas de comercialización (programas de adquisición de alimentos) y les facilita determinados créditos, entre otras cosas.

Sin embargo, los técnicos de la organización buscan fomentar la movilización comunitaria sin dejar de lado la participación y las responsabilidades del poder público. Es cierto que al posibilitar un trabajo y una fuente de renta alternativa ya se colabora para romper con el proceso asistencialista al que estas comunidades están acostumbradas, pero el soporte del Gobierno municipal es fundamental en distintas etapas del proceso de desarrollo y evolución del trabajo realizado en los huertos. Como ya hemos dicho, la participación gubernamental está en el reconocimiento legal de la actividad, pero también contribuye en ciertos casos con la cesión de suelo público, en forma de usufructo específico para la producción de alimentos. Por otro lado, todos los excedentes que no son vendidos en comercios barriales, ferias o incluso de puerta en puerta (como suelen llamar los hortelanos el reparto en la vecindad) son comprados por la administración pública para abastecer comedores de guarderías y escuelas locales.

Tampoco podemos dejar de resaltar la importancia del capital privado para el desarrollo del proyecto de los huertos, principalmente en países de América Latina, donde es bastante común la asociación público-privada para la mayoría de los gobiernos, particularmente a nivel local y municipal, ya que, como hemos dicho, no destinan muchos recursos financieros a obras sociales. O sea, empresas destinan parte de sus ganancias a proyectos sociales y, a cambio, el gobierno les concede una serie de beneficios, como por ejemplo disminución o exención de determinados impuestos. En este caso específico, las empresas privadas participan desde la cesión de suelos ociosos hasta la donación de semillas. Lejos de plantearnos las cuestiones éticas de este tipo de ayuda, en la práctica la participación de este capital es fundamental para el desarrollo del proceso, sobre todo al principio, cuando los grupos de hortelanos o la cooperativa aún no están estructurados financieramente.

4.4 La necesidad de acercar la producción al consumo por medio de la agroecología

El enfoque de Seguridad Alimentaria y Nutricional desarrollado en Brasil relaciona la dimensión de disponibilidad de bienes (food security) y la calidad de estos bienes (food safety), o sea, consiste en la realización del derecho de todas las personas al acceso regular y permanente a alimentos de calidad en cantidades suficientes sin comprometer el acceso a otras necesidades esenciales, teniendo como base prácticas promotoras de salud que respeten la diversidad cultural y que sean social, económica y ambientalmente sostenibles (CONSEA, 2009).

El proyecto de los huertos en las zonas degradadas de São Paulo plantea exactamente este concepto: para un desarrollo humano no basta con que las personas coman, sino que deben comer alimentos saludables desde el punto de vista nutricional y tener las familias acceso a una cantidad suficiente de éstos, y de una calidad satisfactoria.

Aquí podríamos abrir un espacio para el debate sobre la dependencia de los mercados y las grandes redes de distribución de productos ya industrializados —que, por supuesto, también contribuyen a la falta de seguridad alimentaria— pero tratándose de casos de extrema pobreza, muchas veces la población tiene dificultades de acceso incluso a este tipo de mercancías. La introducción de los huertos comunitarios logra acercar la población a la producción y reducir bastante el precio del mercado.

Aunque el PROAURP no haga mención a la agricultura ecológica, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA), vinculado al Gobierno federal y al programa Fome Zero, sí propone promover nuevas bases para el actual modelo de producción y consumo, además de apoyar la agricultura familiar de base agroecológica, garantizar la ampliación de la producción diversificada de alimentos con la valoración de la agrobiodiversidad, fortalecer los hábitos alimentarios regionales y democratizar el acceso a la tierra (CONSEA, 2009).

Los huertos ecológicos en São Paulo no tienen ningún tipo de documento que certifique la autenticidad ecológica de su producción. Debido a dificultades en encontrar semillas producidas con criterios ecológicos, la mayoría de las veces las semillas utilizadas en los diversos núcleos provienen del mercado. Muchas veces incluso son donaciones de terceros. Sin embargo, la fertilización se realiza con abonos orgánicos oriundos de la producción de compost en los propios huertos, estimulando también a los hortelanos y familiares a separar sus residuos orgánicos y a depositarlos en las composteras.

Las especies cultivadas son las mismas que ya forman parte de la alimentación cotidiana de las familias y vecinos del barrio, principalmente hortalizas y legumbres. El hecho de introducir algunas especies que, aunque puedan tener valores nutritivos, no son conocidas por la población no ha tenido mucho éxito.

Muchos de los hortelanos son de origen rural y traen a los huertos conocimientos y saberes propios de las actividades que realizaban anteriormente en el campo, hecho que no siempre cumple con los requisitos de una agricultura orgánica. Para ello también se hace una formación profesional con intercambio de saberes sobre prácticas de manejo ecológico, para garantizar la conservación y mejora de los recursos agrícolas locales (materia orgánica, rotación de cultivos, mantenimiento del suelo, etc.).

5 Conclusiones

Ante la actual coyuntura económica, social, política y ambiental de las ciudades, la agricultura practicada en zonas urbanas, además de ser una solución casi inmediata a las pocas opciones ofrecidas a los pobres urbanos y marginales de las grandes metrópolis latinoamericanas, como es el caso de São Paulo, contribuye al desarrollo a escala humana de esta parcela de la población al permitirles desarrollarse por sí mismos.

El objetivo principal de la iniciativa es hacer del propio habitante de la favela (ahora hortelano, y principalmente hortelana) el agente de su propia transformación estructural social a través de políticas participativas y descentralizadas que den una oportunidad de desarrollo a quienes no tienen ningún tipo de derecho garantizado. El hecho de poder labrar la tierra de donde van a salir sus alimentos y su propia renta, de ser capaces de producir y gestionar su propio hábitat, es fundamental y determinante para el desarrollo de los derechos de estas personas, derechos de alimentarse bien y de tener una mejor salud, de generar sus economías por medio de su propio trabajo, pero también de generar capital social además del económico, ampliando la conciencia social, la capacidad de organización y gestión a través de la participación, el derecho de ser un verdadero ciudadano que une el desarrollo personal al comunitario y el derecho de acumular conocimientos, relaciones y redes de solidaridad que le permitan desarrollarse a una escala humana. Todos estos derechos humanos se vinculan al derecho a crear una ciudad de acuerdo con sus necesidades, de transformar el espacio físico y social en que están insertados para construir una ciudad más justa, un hábitat más digno, de modo que el territorio cumpla también con su función social. Y, por qué no, más verde y más respetuoso con la naturaleza y con los humanos.

Frente a la ausencia de capacidad y voluntad de algunos gobiernos para cambiar la situación de vulnerabilidad asociada a estas comunidades, consideradas degradadas bajo diversos enfoques, la sociedad civil se organiza hacia nuevas formas de gobernanza que contemplen las demandas y necesidades de la mayoría de la sociedad. Estas iniciativas sociales comparten espacio con otras características también encontradas en comunidades excluidas: el escaso capital social y el alto grado de degradación de las redes sociales. La violencia e inseguridad asociadas a estas comunidades también están relacionadas con el tiempo ocioso y con las altas tasas de paro y, en definitiva, con la indigna calidad de vida a que son sometidos sus habitantes.

De esta manera, el proceso de producción y gestión social del hábitat, que no puede funcionar sin la participación y el empoderamiento de los ciudadanos y el involucramiento en un proyecto solidario y común, no siempre se da de forma óptima. Se enfrenta a realidades adversas, muchas veces de extrema debilidad social de gentes que no tienen sus necesidades básicas más urgentes atendidas. Siendo así, el proceso que normalmente debería incluir la capacitación de mano de obra en labores agrícolas, realizada en talleres previos, y la reconstrucción de lazos entre los ciudadanos, se ejecuta sobre la marcha, con la participación de la población interesada (en algunos casos una minoría que apuesta por un proyecto poco inmediatista) apoyada por los técnicos. La propia construcción del huerto pasa a ser la formación específica in situ, un espacio informal de aprendizaje e intercambio de saberes construido por las propias respuestas a las necesidades. O sea, los hortelanos y técnicos hacen su propio camino al andar.

Los factores de éxito del proyecto son la fuerza de voluntad de los técnicos (amparados financiera y políticamente por la administración pública y por empresas privadas) junto con la población local, que valora sus necesidades (seguridad alimentaria, generación de renta, participación en organización formal, empoderamiento y creación de espacios de diálogo) y que es atendida al mismo tiempo que poco a poco va rompiendo el ciclo asistencialista y visualizando un futuro de sustentabilidad e independencia. Atacando a las debilidades (paro, inseguridad, falta de creencia en organizaciones formales, etc.) se lucha a favor del desarrollo humano de una comunidad. En una ciudad tan llena de dicotomías como São Paulo, parece improbable que pequeñas iniciativas como esta puedan lograr cambiar alguna estadística social, ambiental o económica.

Pero lo cierto es que este proyecto impulsado por la ONG Ciudades sem Fome lleva más de ocho años contribuyendo al desarrollo de personas consideradas marginales y cooperando a la vez con el mantenimiento de suelos destinados a función social en zonas densamente ocupadas, al dar una nueva vida a terrenos ociosos o abandonados a la espera de la especulación inmobiliaria o de construcciones ilegales. Es un proyecto bastante complicado de medir debido a la inestabilidad de los procesos (falta de recursos financieros, entrada y salida de miembros, etc.), pero los resultados pueden ser claramente identificados en la satisfacción personal de los participantes.

El reconocimiento internacional de este esfuerzo ha llegado a través del premio del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT) de mejores prácticas 2010 para la mejora de las condiciones de vida, que tiene como objetivo incentivar proyectos de desarrollo sostenible en comunidades carentes por medio de acciones de cooperación internacional.

Como nos dice Morin (2008), lo improbable no es imposible y mientras la gente siga apostando por salidas a las crisis, habrá espacio para la esperanza.

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[1]: El presente artículo se presentó como parte de una serie de ponencias impartidas entre los días 20 y 22 de octubre de 2011 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en el marco de la XII N-AERUS Conference 2011.
[2]: Ambos autores pertenecen al Grupo de investigación ADiCi-HUM810 (Aula Digital de la Ciudad), Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla.
[3]: Decreto Municipal 45.665 de 29 de diciembre de 2004, por el que se reglamenta la Ley 13.727, de 12 de enero de 2004, que crea el Programa de Agricultura Urbana y Periurbana (PROAURP) en el Municipio de São Paulo y define sus directrices. Disponible en: http://www2.oabsp.org.br/asp/clipping_jur/ClippingJurDetalhe.asp?id_noticias=16390&AnoMes=20051
[4]: Equivalen a las juntas de barrio. La ciudad de São Paulo se compone de 31 barrios. Desde 2002, con la aprobación de la Ley 13.399, la mayoría de los equipamientos públicos fueron transferidos a las subprefeituras, que tienen la función de ser el punto de contacto de la población con el gobierno (reciben reclamaciones, solucionan pequeños problemas y promueven actividades culturales). Además, las subprefeituras son responsables del mantenimiento del sistema viario, redes de drenaje, limpieza urbana, vigilancia sanitaria y epidemiológica, entre otros.
[5]: Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Disponible en: http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/indices_sociais/.
[6]: Empresa de energía brasileña de naturaleza semipública con participación de capital nacional y extranjero.